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sábado, 9 de abril de 2011

clases de delitos y exclusion social

Maracay 5/4/2011       7: 30 pm
Profesor: Freddy nieves   (0424) 319 86 58
Sección “2”   noveno  semestre

Estamos a un paso de ser abogado

Delitos y Exclusión social: 
¿Que es delito?  Acción u omisión que se realiza con conciencia de hacerla o por negligencia
¿Que es exclusión social? Proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que oreos si tienen acceso y disfrutan. Situación de separaron o privación en la que se encuentran determinados grupos o individuos
Art 1 del código orgánico  penal (C.O.P)
Artículo 1. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.
ARTÍCULO 1. JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO.
Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Hay dos (“2”) tipos  de normas Es la que expresa el orden imperativo que sanciona la conciencia, y establece la verdad y el valor de las relaciones del hombre consigo mismo, con los demás hombres, con la naturaleza y con Dios
Jurídicas: La norma jurídica presenta diversos caracteres propios que la hacen diferente de las demás normas de conducta. Interesa destacarlos para llegar a una concepción algo más precisa del instrumento a través de la cual se integra el conjunto de preceptos que ordena, con caracteres de obligatoriedad, la conducta de los hombres.
Morales; Es la que expresa el orden imperativo que sanciona la conciencia, y establece la verdad y el valor de las relaciones del hombre consigo mismo, con los demás hombres, con la naturaleza y con Dios
El código más antiguo es el Código de Hammurabi, El Código de Hammurabi. Recopilación de leyes dadas a su pueblo por Hammurabi, rey de Babilonia.  Aunque no se ha podido determinar con certeza su fecha de origen, se supone que sus textos fueron grabados por primera vez en piedra hace unos 4.000 años.  Este Código está integrado por un total de 285 textos, que legislan sobre derechos personales y reales, familia, comercio, Derecho Penal y Derecho Laboral.  Estas disposiciones anticipan instituciones tales como el mutuo, el comodato, la prenda, la anticresis y el préstamo a la gruesa.  Fue encontrado en el año de 1.902 en el decurso de unas excavaciones llevadas a cabo por Morgan en la localidad de Susa.  El ejemplar hallado era un cilindro de piedra de dos metros de base por dos metros de altura.  Su texto fue interpretado y traducido al Alemán por Scheil, Winkler y Muller.  Adolfo Bonilla y San Martín publicó una versión castellana de esos textos legales.Destacan también otros textos de Codificación de Normas tales como: Código de Manú, Código Gregoriano, Código Hermogeniano, Código Teodosiano  Creado en el año 1760 a. C. (según la cronología media), es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documento creados en la antigua Mesopotamia y en breves términos se basa en la aplicación de la ley del Talión a casos concretos. Entre otras recopilaciones de leyes se encuentran el Códice de Ur-Nammu, rey de Ur (ca. 2050 a. C.), el Códice de Eshnunna (ca. 1930 a. C.) y el Códice de Lipit-Ishtar de Isín (ca. 1870 a. C.). Ellos también crearon leyes como la 205 que se trataba de que si el esclavo de un hombre golpea en la mejilla al hijo de un hombre, que le corten una oreja. A menudo se lo señala como el primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes, escritas en piedra, eran inmutables. Este concepto pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos.  Estas leyes, al igual que sucede con casi todos los códigos en la Antigüedad, son consideradas de origen divino, como representa la imagen tallada en lo alto de la estela, donde el dios Shamash, el dios de la Justicia, entrega las leyes al rey Hammurabi. De hecho, anteriormente la administración de justicia recaía en los sacerdotes, que a partir de Hammurabi pierden este poder. Por otra parte, conseguía unificar criterios, evitando la excesiva subjetividad de cada juez. El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario. Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza. Para entender un poco más de esto podemos leer los delitos y las penas de cesar becarias El código de enjuiciamiento judicial El Código de Enjuiciamiento Criminal, establecía lo que en la doctrina se conoce como Sistema Inquisitivo, que imperó durante mucho tiempo entre nosotros. En virtud de este sistema, los aspectos esenciales del proceso (acusación, defensa y decisión) estaban en manos de una sola persona: el Juez, quien iniciaba el juicio, investigaba en el sumario (que era una fase en la que toda la investigación de los hechos se realizaba prácticamente en secreto y a espaldas del acusado mismo), conducía el debate en el plenario (que era la fase en que, en teoría, el acusado podía enterarse de su situación) y, finalmente, sentenciaba. Es decir, el Juez era casi omnipotente y tenía facultades infinitas. Además de esto, era un sistema fundamentalmente escrito, esto es, la escritura dominaba la totalidad de los actos, lo cual reducía el aspecto humano y sensitivo que debe regir todo proceso penal. Por otra parte, es de observar que el Sistema Inquisitivo es propio de los países que se corresponden con el autoritarismo, completamente contrarios a la democracia En el Sistema Acusatorio, que introdujo el C.O.P.P., en cambio, las funciones o atribuciones están claramente separadas: la función de acusar corresponde exclusivamente al Ministerio Público (salvo los casos de delitos de acción privada o a instancia de parte, en que debe intermediar querella, que es como la demanda civil, pero en materia penal). La función de la defensa le compete al imputado y a su defensor, bien sea público, bien sea privado. Y la función de llevar el debate durante el juicio oral corresponde al Juez, quien también decide, a través de la sentencia. Además de lo dicho, en este nuevo sistema predomina la oralidad, lo que es más adecuado a las tendencias mundiales y a la realidad jurídico-social que vivimos. Exclusión social   libros recomendados  “los ricos y los pobres”
En Venezuela existen  tres (3) Alta, media y baja dentro de la clase baja    En Turmero existe un población “la voluntad de Dios” de 8mil familia donde no hay control de maternidad mas de 20mil niños un porcentaje de casi cuatro (4) niño por madre por general soltera y desempleadas dentro los recinto carcelarios los procesados se estipula las edades entre  (18-25) años       
DELINCUENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL:
En torno a las dinámicas producidas entre los mecanismos de integración y Control social (familia, escuela, trabajo, policías, centros de detención) y los adolescentes y jóvenes Marginales que llegan a cometer delitos, conjugando en el análisis los factores estructurales con la Subjetividad de los infractores. El análisis de 18 entrevistas a infractores de ley, hombres y mujeres de entre 14 y 29 años, dan luces respecto de por qué en estos casos los mecanismos de integración social formales se elevan como ineficaces y la “inclusión social” de estos individuos opera prioritariamente a través del control social; cómo el sistema social incluye, pero no integra.
¿Qué ocurre en las vidas de algunas personas, que experimentan el delito y la detención como
Rasgo indeleble? ¿Qué lleva a los individuos a ser confinados a una vida intramuros, a esta  sometidos a una vigilancia y disciplinamiento del cuerpo, el espacio y el tiempo? ¿Qué ocurre con aquellos que terminan siendo confinados a un lugar nítido dentro del orden social, aquellos que se convierten en “antisociales”, cuya vida transcurre en un entrar y salir de los juzgados, los centros de reclusión y las medidas penales? ¿Qué elementos biográficos y qué dinámicas sociales se conjugan para quedar encerrado? Sería ambicioso querer contestar de forma completa estas preguntas; primero, porque se requeriría una investigación histórica y un análisis longitudinal del fenómeno penitenciario desde su origen. Por otro lado, porque un análisis sociológico de los factores que se interrelacionan en la vida de los reclusos, debe contextualizarse de acuerdo a cada etapa histórica en la que se sitúan.  Asume sus Limitaciones: es un análisis transversal situado en un momento específico del tiempo y el espacio y se basa en un número pequeño de entrevistas: 18 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años, hombres y mujeres infractores de ley. La reflexión tuvo su origen en la realización de dos estudios que abordaron la situación de adolescentes y jóvenes infractores de ley, desde distintas perspectivas y con objetivos disímiles1 En ella, se pretende una aproximación a cómo los mecanismos de integración y control social Operan de modo complejo sobre quienes viven en situación de exclusión social y cómo algunos de éstos son abordados preferentemente por mecanismos de represión, indagando en las biografías y subjetividades de los jóvenes marginales infractores de ley. El texto reflexiona también en el tratamiento político-social de los pobres por parte de la sociedad a través de las políticas sociales y las políticas penales. La interacción de fuerzas expulsoras e inclusivas deriva en algunos casos en la reclusión de los individuos, quienes, en su casi totalidad pertenecientes a las clases populares, han sido desde siempre segregados y configurados simbólicamente como objeto de temor por el resto de la sociedad. La exclusión, la prisión como experiencia vital de “inclusión” y la libertad como fantasma son el corolario de la reflexión, entramada en un tejido social vivo, donde aparece un individuo oculto y omnipresente a la vez, negado y confinado a las galerías de las prisiones, pero amplificado y denunciado a voces en los medios de comunicación.
Antecedentes
La base empírica de este artículo consiste en un trabajo cualitativo desarrollado con jóvenes
Populares detenidos por la comisión de delitos: robo, robo con intimidación y tráfico de drogas. Todos habitaban comunas de la Región Metropolitana con altos índices de pobreza y ellos mismos provenían de hogares con condiciones económicas precarias. Las entrevistas fueron realizadas en el COD Arrayán (ex San Joaquín – San Miguel) para el caso de los adolescentes, en  el CPF (Centro Penitenciario Femenino) en el caso de las mujeres y en Colina I en el caso de los hombres. A ellos se los entrevistó en profundidad, siguiendo una pauta biográfica que relevó sus trayectorias vitales y aquellos hechos que ellos mismos consideraron significativos. el siguiente cuadro resume las características básicas de los entrevistados: Cuadro Entrevistados: Al trabajo de campo, se agregó una revisión bibliográfica que, junto con la experiencia en otras investigaciones, permitió elaborar dos reflexiones centrales: a) la operación de mecanismos expulsores sobre las clases populares, que contribuyen a desplegar el delito y la reclusión, y b) la reafirmación de dichos procesos por un histórico rechazo y temor por los pobres. 1. Dinámicas entre los detenidos y los mecanismos de integración social Al indagar en cómo los detenidos se relacionan con los espacios de integración social tales como la familia, la escuela y el trabajo, podemos apreciar que todos ellos constituyen ámbitos complejos, conflictivos y muchas veces ajenos y frustrantes. Sin embargo, dichas características suelen presentarse también en muchos casos de personas que viven en situación de pobreza y que, pese a ello, no llegan a involucrarse en hechos delictuales ni a ser detenidos en centros de reclusión. Por ello, es necesario analizar detalladamente las dinámicas sociales que se articulan y que llevan de alguna manera al desenlace delincuencial. No se pretende aquí establecer relaciones causales entre determinadas características o trayectorias vitales y la delincuencia, ni tampoco  afirmar el origen de determinadas conductas ilícitas. No obstante, la aproximación a dichas dinámicas ciertamente arroja luces sobre los ámbitos en los cuales es necesario intervenir para reducir la probabilidad de que, en este caso, los pobres lleguen a involucrarse en delitos2.Observemos la relación de los jóvenes marginales detenidos por infracción de ley con los mecanismos de integración, para así comprender su vinculación posterior con los aparatos de control social.
Primer espacio de socialización: la familia
La familia es el primer espacio de socialización en el cual se insertan los sujetos. Cumple funciones como la satisfacción de las necesidades básicas para su desarrollo, la entrega de afecto, de valores, ejerce autoridad y disciplina, estableciendo mecanismos de contención, otorga además la idea de vínculo sanguíneo y de confianza, amor, etc. Por otro lado, junto con la escuela, presenta el mundo y su realidad al niño/a, quien a partir de dicha presentación lo irá descubriendo en los diversos ámbitos de la vida social (Arendt, 1990). Hay autores que ponen énfasis en la función afectiva de la familia, otros en la función normativa y otros en su función económica. Es así que la familia puede ser un espacio de amor, un espacio de estabilidad que hace posible la  productividad fuera de él, o bien una “policía” que rige las conductas morales y normativas de sus miembros (Donzelot, 1990). Cualquiera sea el modo en el que se la entienda, la familia debe cumplir ciertas funciones, como vehículo a la integración social de sus miembros. ¿Qué ocurre en las familias de quienes son infractores de ley? En estos casos, la familia puede existir o puede estar totalmente ausente (USACH y SENAME, 2003). Cuando existe, se caracteriza por ser disfuncional – es decir, no cumple con las funciones que se espera de ella -, lo que se manifiesta generalmente en ausencia del padre y la aparición de la figura del padrastro, el que suele beber alcohol en exceso y ser violento, tanto con la madre como con sus hijos (hijastros). Aquí aparece la violencia como elemento socializador y modo de relación. La familia también se caracteriza por no satisfacer las necesidades básicas del niño/a, pues los padres viven en condiciones precarias, tienen bajos niveles de escolaridad  Se pone énfasis en que del análisis sólo se pueden derivar reflexiones respecto de la delincuencia popular urbana, excluyendo los delitos “de cuello y corbata” u otros que no sean protagonizados por quienes viven en condición de pobreza. Esto, debido a que todos los entrevistados comparten esa condición y habitan en comunas pobres de la Región Metropolitana. Además, como se verá más adelante, la mayor parte de quienes se encuentran recluidos pertenece a las clases populares. Desempeñan en empleos mal remunerados, salvo aquellos que tienen como oficio la actividad delictual y le pueden dar cierto respiro económico, que se paga sin embargo a un elevado costo de intermitencias en la cárcel. Los niños/as experimentan carencias a nivel afectivo, falta de comunicación y una dinámica familiar problemática, lo que les genera conflictos emocionales y de autoestima (Skopus y CONACE, 2002). Junto a ello, la función normativa de la familia se desdibuja en estilos parentales de crianza y supervisión ineficaces, ya sean demasiado autoritarios o bien negligentes y permisivos. Todo ello configura al espacio familiar como un lugar ineficaz en la normalización del individuo, además de poco grato para el mismo, quien apenas pueda y, cada vez más precozmente, intentará estar gran parte del tiempo alejado de ese espacio. Es así como los jóvenes infractores relatan que el hogar pasa a ser un espacio secundario ya entre los 8 y 12 años de edad (Asesorías para el Desarrollo y MINTER, 2004). Sin embargo, no siempre la ineficacia de estas familias dice relación con una falta de herramientas para cumplir bien con las funciones socialmente hegemónicas. También existe en algunos casos un rechazo a tener que cumplir con aquellas funciones, y más bien una tendencia a cumplir con otras, distintas, opuestas. Familias que pertenecen al mundo del hampa y comparten cierta “cultura delictual” socializan a sus miembros bajo las mismas características, reproduciendo ciertos códigos y patrones de comportamiento, entregando ciertos valores e invalidando otros, legitimando ciertos modelos normativos y culturales y rechazando otros. Aquí se da una tensión entre las funciones sociales asignadas hegemónicamente y aquellas que se insertan en una contracultura (adolescentes que roban y que son felicitados por su entorno familiar, augurando un buen futuro en el mundo delincuencial). Ahora bien, cuando la familia no existe, pues ha abandonado a su(s) hijo(s), puede ser reemplazada por una familia “postiza” o un hogar (internado) colectivo mediante la acción del Estado. También puede ser reemplazada por la calle y el grupo de pares, en cuyo caso su socialización tendrá características del todo distintas de las esperadas por el orden social,  entrando al escenario otros dispositivos, esta vez de control social. Antes de profundizar en este punto, veamos que pasa en el segundo espacio de socialización de los sujetos: la escuela.
b) Segundo espacio de socialización: la escuela
La escuela, sistema anexo a la familia, pero distanciado en cuanto a sus lógicas de acción,
métodos y características ambientales, emerge como el agente socializador permanente. Si bien se lo suele entender como complementario a la familia en su labor, muchas veces pasa a reemplazarla de plano respecto de su función normalizadora. Su trabajo comienza cada vez más precozmente, ante la aparición de jardines infantiles y salas cuna: la normalización debe comenzar antes en un entorno cada vez más complejo, más competitivo y más estresante para las familias y para los mismos niños/as. La entrega de habilidades y conocimientos, la corrección disciplinaria de ciertos comportamientos indeseados y la inserción en el mundo externo al entorno familiar, constituyen algunos de los elementos que caracterizan a la escuela. ¿Qué pasa con los infractores de ley respecto de ella? a escuela aparece como un espacio fuertemente normativo y donde se transmite un conjunto de códigos que muchas veces difieren de aquellos que existen en el núcleo familiar de los niños/as y adolescentes que viven en contextos de exclusión. Así, mientras que los adolescentes no logran adaptarse al sistema educativo, los establecimientos educacionales no logran adecuar sus prácticas a las características de los alumnos denominados “niños problema” quienes suelen tener problemas de aprendizaje, presentan hiperactividad o déficit atencional, pueden ser impulsivos o agresivos, o sencillamente no encajan en el sistema educativo formal (USACH y SENAME, 2003). La desescolarización es el corolario de esta relación compleja con la escuela y, tal como afirman algunos estudios (Gottfredson et al, 1996), mientras más precoz la Desescolarización, más posibilidades de que el individuo presente conductas delictuales. El abandono escolar está altamente correlacionado con la iniciación y reincidencia en la delincuencia. Según SENAME (2001), en los jóvenes atendidos por la Red de dicha institución, vigentes a Octubre del 2001, las tasas de deserción son especialmente altas entre los adolescentes ingresados por delitos contra las personas (39,3%) y delitos contra la propiedad (35%). Sin embargo, esta relación no debe leerse en ambos sentidos: es decir, si bien una parte importante de los adolescentes reclusos es desertor, asimismo la mayor parte de los desertores no termina involucrado en el delito (Asesorías para el Desarrollo e INJUV, 2001). Así, la desescolarización es manifestación de la ineficacia integradora de la escuela y del rechazo de estos adolescentes hacia dicho espacio. En realidad, el fracaso de la escuela en la integración de estos individuos no implica un fracaso, pues la escuela ya ha seleccionado y excluido, dejando paso a otros mecanismos normalizadores con los cuales se las deberán ver los desescolarizados. La dinámica de exclusión escolar es la siguiente: problemas de aprendizaje y conducta, identificación como “niño problema”, repitencia, asociación con aquellos que se encuentran en la misma situación, reforzamiento de las conductas desviadas para el sistema escolar y finalmente expulsión o abandono escolar. Tal como ocurre ante la disfuncionalidad de la familia, el grupo de pares adquiere un valor central como agente socializador. Antes de derivar en el grupo de pares y la socialización callejera, resta indagar en el tercer espacio tradicionalmente integrador: el trabajo.
c) Tercer espacio: el trabajo
El trabajo es el mecanismo de integración social clásico, permite insertarse en un entramado
social e institucional que ninguna otra área hace posible. No sólo reporta una remuneración
necesaria para subsistir e integrarse al mercado mediante el consumo, sino que también va ligado a mecanismos de seguridad social, previsión y salud; también permite generar redes sociales y ampliar el círculo de relaciones, así como también otorga la posición que se ocupa dentro la estratificación social, definiendo el status poseído. En definitiva, abre la puerta a la integración en el resto de ámbitos sociales. De hecho, las teorías sobre la exclusión social surgen precisamente a propósito del desempleo estructural y de una sociedad que debe saber funcionar con un segmento de su población condenada a restarse de esa dimensión de la vida, a ser un supernumerario En las sociedades post-industrializadas, en las cuales han cambiado las condiciones estructurales del trabajo y ya no se puede constituir la identidad y la ciudadanía en torno a éste, es el consumo, el ocio – y su industria – el que ocupa el lugar central, en tanto las personas tienden cada vez más a definir su identidad en base a un determinado “estilo de vida” construido precisamente fuera del ámbito laboral. En sociedades como la chilena, el trabajo sigue siendo el eje central que articula la vida de los individuos y la actividad a la cual le dedican más tiempo, siendo la base de la configuración identitaria de las personas. De este modo, el trabajo es una dimensión que adquiere diversos significados en el caso de quienes viven en situación de exclusión. A nivel macro, los sectores de pobreza son por excelencia los territorios donde mayores tasas de cesantía existen y dichos territorios son precisamente donde habita mayor proporción de personas en conflicto con la justicia (Gendarmería, 2004), por lo que el desempleo en sí mismo es un factor de riesgo respecto de la delincuencia y más aún el desempleo juvenil. Sin embargo, no sólo la escasez de empleos es un factor de riesgo, sino también las capacidades y habilidades laborales - la empleabilidad - con la que cuentan los habitantes de sectores pobres y las redes que poseen para ocupar determinados puestos de trabajo. Bajos niveles de empleabilidad y un círculo estrecho de relaciones que permitan conectarse con la oferta laboral, inciden en la frustración y automarginación de dicha esfera. Las entrevistas a infractores de ley de entre 14 y 29 años, indican que la mayoría de ellos se desempeñó o desempeñaba en empleos informales muy precarios (comercio ambulante, construcción, feria) y, respecto de los empleos formales, algunos consideraban “injusto” el hecho de trabajar largas jornadas a cambio de un salario mínimo que no satisfacía sus necesidades. Finalmente, algunos no habían desarrollado nunca una actividad remunerada. Así, el trabajo es también un ámbito complejo del cual suelen quedar marginados, más aún si consideramos que existen otras alternativas de generar ingresos, tales como el delito, que junto con permitir solventar los costos económicos de la vida, otorga cierto prestigio dentro de determinados grupos.
d) Fracaso en la integración: la calle y el grupo de pares
En el discurso, todos los infractores de ley manifiestan su deseo por la integración en estos tres mecanismos clásicos (familia, estudios, trabajo), sin embargo, en la práctica, su accionar Cotidiano y, en definitiva, su vida, no tienen que ver con ninguno de ellos, al menos en el sentido funcional en que se los entiende (USACH y SENAME, 2003). La marginación de estos tres espacios de socialización e integración social, o su ineficacia para lograr la integración de un segmento de los habitantes de sectores pobres, juega un rol
Fundamental en su reemplazo por una socialización que tiene un lugar y unas características del todo diferentes: la socialización callejera, donde el grupo de pares constituye el marco referencial por excelencia. La calle es la libertad y es el espacio de socialización principal, al menos en la adolescencia. Quien se ha volcado en la carrera delictual, siendo más adulto reemplaza dicho espacio por bares y lugares de bohemia, así como por la propia casa, pero en la adolescencia, la calle es “el lugar en el cual se encuentran los sentidos y los marcos simbólicos de la acción. En este contexto de exclusión de los espacios de integración social, los jóvenes configuran un marco normativo y referencial contracultural, distinto al orden social hegemónico. Sus mecanismos de integración pasarán ahora por otro tipo de elementos, ligados a la valoración, legitimación y autoestima que otorgan determinadas conductas dentro del grupo de pares. Si el delito es realizado preferentemente con el fin de subsistir, ayudar a la mamá, comprarse ropa o comprar drogas (CONACE, 2002), también lo es con el objeto de validarse y reconocerse socialmente, de construir una identidad y tener un sentido de pertenencia. Si los mecanismos formales de integración social han fallado, será necesario pues, insertarse en otros mecanismos que otorguen aquello que los otros niegan. Estos jóvenes se encuentran agrupados en los denominados grupos de esquina (Cooper, 2000),  donde logran obtener un estatus y un rol alternativo a los de la sociedad normativa. Estos grupos
tienen por función principal el otorgar a los jóvenes reconocimiento, apoyo y pertenencia. Sus
acciones van desde la violencia difusa (beber y consumir drogas en la vía pública, pedir dinero en la calle, involucrarse en riñas) hasta delitos propiamente tales, como robos a personas y a domicilios. La mayor parte de los delitos de estos jóvenes se relacionan con formas de obtención de dinero para seguir consumiendo alcohol y drogas o para adquirir un status virtual. El status virtual, según Cooper, es el adquirido por medio de un estereotipo consumista asociado a las clases medias y altas aprendido por medio de la propaganda, el cual se convierte en uno de los valores centrales, en la medida que traduce en términos de espejismo visual la meta central del sistema capitalista – siguiendo a Merton – la meta del éxito económico. El espacio de la calle y la esquina constituyen para algunos la puerta de entrada al mundo delincuencial, sin embargo, en la mayoría de los casos, no pasará de ser una instancia de desahogo y de  violencia difusa que jamás llevará al delito ni a la cárcel. La dinámica de los sujetos con los otros ámbitos de socialización explica en parte el que esto ocurra y el que solo una minoría se adscriba al delito como práctica estructurante de la vida. Ocurre un proceso complejo, pues estos mecanismos de integración – el delito y la violencia – contravienen el orden social y constituyen una contracultura, sin embargo, muchos de sus objetivos están evidentemente permeados por las pautas culturales de consumo y status. El dinero es derrochado, tanto para lograr una integración vía consumo como para alcanzar un status virtual. Quienes se inician en el robo, se introducen también en el modo de vivir de la delincuencia, el cual, según Barros (Barros, 2002), tiene como componente la “vida bacán”, que por una parte tiene que ver con verse bien, lucir zapatillas, buzos de marca, relojes y cadenas de oro, y por otra parte con el bacilón, pasarlo bien, comer, beber, jugar, estar con mujeres. En definitiva, se radicalizan los elementos de inmediatismo y goce de los objetos que el mercado hace disponibles, sólo que se accede a ellos por otros canales. Sin embargo, por cuantos dichos canales contravienen el orden social, los ya fracasados procesos de integración serán reemplazados por procesos de control social. Es decir, ante la falla de los “aparatos ideológicos”, serán utilizados los “aparatos represivos" 2. Control social, socialización e identidad
Tras una fallida interacción con los mecanismos de integración y ante un ya avanzado
etiquetamiento por parte de los mismos (niño problema, manzana podrida, pato malo), los
individuos comienzan a interactuar con las agencias de control social y sus funcionarios,
ingresando a un entramado de relaciones judicializadas y definidas en sí mismas como un
estigma que se dibujará cual marca indeleble en la vida de los sujetos. ¿Cómo opera el proceso de etiquetamiento ya iniciado en la escuela y que cambia la calidad social del individuo a educar por la del individuo a controlar?
a) Etiquetamiento y control social
Si bien la familia de clase baja puede mostrarse ineficaz o disfuncional para la integración, no
suele etiquetar a sus miembros, es decir, no los cambia de categoría de acuerdo a sus acciones, o bien asume dichas conductas desde un punto de vista afectivo. Por ejemplo, si un hijo es delincuente, no por eso dejará de ser hijo, pues siempre, en mayor o menor medida, hay vínculos afectivos comprometidos. Quien sí etiqueta y, de hecho, esencialmente desarrolla un proceso de etiquetamiento, es la escuela. Se ha planteado que la propia interacción del joven con la escuela y su conflicto con las normas y pautas del sistema escolar, serían uno de los mecanismos responsables de la adquisición por parte del niño de sus primeros diplomas de mal comportamiento (Tsukame, 1996; Becker, 1974).} La escuela es un aparato de control social informal, junto con la familia, y comparte algunos criterios y modalidades de juicio con los aparatos formales de control social (policía, tribunales, sistema penal y de menores). Siguiendo a Tsukame, las dificultades de adaptación del niño al marco normativo y evaluativo de la escuela, con los procesos de estigmatización consiguientes, lleva a la formación de subculturas juveniles opuestas a los valores escolares Tales procesos tienen su origen más remoto en el desfase existente entre la socialización familiar y la socialización escolar, el que se manifiesta en la oposición entre “cultura culta” y “cultura popular”. El juicio sistémico respecto de alumnos buenos y malos, ordenados y desordenados, normales y problemáticos tiende a polarizar y cristalizar e nlos alumnos valorados negativamente una identidad estigmatizada, lo que contribuye a reforzar un sentimiento visceral de oposición a un sistema que los excluye  De este modo, el desarrollo de la desviación arrancaría en la escuela, desplazándose posteriormente a la calle y a ciertos ámbitos del barrio, nutriéndose de otras prácticas y articulaciones simbólicas juveniles. Posteriormente, en su interacción con los organismos de control social el etiquetamiento será más fuerte, pues las dinámicas de relación tienden a ser polares o dicotómicas, distinguiendo entre  Dentro de los “aparatos ideológicos” encontramos al aparato religioso, al escolar, al familiar y al jurídico, mientras que dentro de los “aparatos represivos” están la policía, los tribunales y las cárceles. Estos aparatos de estado, cuya denominación no los limita a la estructura estatal, tienen por función encarrilar a los sujetos dentro de mecanismos sociales - productivos en los que deben desempeñarse a lo largo de su vida (Althusser, 1974). buenos y malos, delincuentes o gente de bien, sin dejar espacio a posiciones intermedias. Todo ello influye en la autopercepción y construcción de identidad del joven, quien configura una imagen de sí mismo en gran parte influenciada por lo que dicen de él, por como le llaman y por como lo señalan tanto pares (otros también etiquetados como delincuentes) como agentes de control social (policías, jueces, gendarmes). Así, el individuo delincuente “debe considerarse el resultado de un proceso de negociación complejo entre un infractor y las agencias de control que registran y etiquetan su comportamiento como delictivo. Cuando el joven convierte la gravedad del juicio que hacen otros en un signo o en un indicador de sí mismo, es probable que se consolide en él una identidad desviada”. Tsukame destaca el carácter negociado de la desviación: la atribución de la etiqueta de delincuente no depende sólo de la comisión de actos infractores por parte del joven sino que depende, también, de lo que hagan o dejen de hacer al respecto las instituciones encargadas del control social. Esto último cobra peso en el tratamiento que se les da a los adolescentes marginales, para quienes su sola condición social les implica una desventaja en esta “negociación”.
b) Cuarto espacio: las instituciones de control social
Esta interacción con policías, jueces, “tíos” de centros de menores, gendarmes y, por supuesto, pares que deambulan por los mismos espacios, más avezados unos que otros y más insertos en el mundo delincuencial, construyen y definen una exclusión respecto de cualquier mecanismo normalizador y sostienen una “inclusión” en la cual sólo cabe relacionarse con los organismos encargados del control. Este es el camino que se forjan algunos de los egresados de los sistemas de rehabilitación conductual de menores, quienes se han insertado en estos espacios precozmente. Su sobrevivencia depende de la caridad o el robo y sus círculos sociales son estrechos. Ante dicha exclusión, parecieran integrarse – y la sociedad pareciera integrarlos - sólo a través de las instituciones de control social dependientes o colaboradoras el Estado. Estas entidades se constituirían en “su lugar”, en el lugar que la sociedad les otorga o que ellos deciden ocupar (manifestación paradójica de esto es el relato de un adolescente que, en el marco de querer desempeñarse en un trabajo lícito remunerado y abandonar su pasado infraccional, deseaba trabajar en el mismo centro de detención de menores, pero esta vez haciendo las funciones de “tío”) Ahí establecen sus grupos de pertenencia, interactúan con ciertos funcionarios y configuran una determinada identidad. Esta relación con los aparatos estatales de control social definen su canal de comunicación con “la sociedad” y, en este determinado marco sociocultural, establecen sus expectativas y proyectos de vida. Este es un lugar al que derivan tras “no encajar” en otros ámbitos. Es un camino largo de exclusiones de diversos ámbitos de la vida social, las cuales van reduciendo sus áreas de acción y limitando sus oportunidades. Ante esta exclusión - cabe hacer notar - los sujetos a los que se alude no son pasivos. Ellos toman decisiones e interactúan con el resto de los actores sociales que entran en su círculo de acción. Dicho círculo tiende a ser estrecho y en sí mismo no representa muchas oportunidades para poder ensancharlo, por lo que su construcción de identidad se va limitando a una interacción cada vez más específica. Una vez que estos adolescentes cumplen 18 años y siguen vinculados a las mismas conductas, no tardan en ser detenidos y entran al mundo delictual adulto. Conocen la experiencia de la cárcel y se enfrentan a un camino cada vez más estrecho y con escasas posibilidades de desvío.
3. La subjetividad de los infractores
Las interacciones entre los espacios de los cuales hemos hablado y los individuos que son
integrados o excluidos en los mismos, por cierto que no reciben a éstos últimos como entes
pasivos, que sólo padecen la exclusión y el poder ejercido por las instituciones. Sus vidas están pobladas de estrategias y decisiones, de elecciones entre alternativas distintas; radicalmente diferentes en sus características que las opciones de los segmentos más favorecidos de la sociedad y por cierto, inscritas en un arco mucho más reducido. Iniciando, la familia aparece como un espacio ambivalente que jamás perderá su carácter paradójico. Signado por el maltrato, el abandono o la indiferencia, el espacio familiar pronto se reemplaza por el grupo de pares, sin embargo, existirá un vínculo indeleble con quiénes comparten la misma sangre. La alusión a la madre está presente en la mayoría de los relatos de infractores de ley, siempre es la persona por la cual valdría la pena cambiar (también lo es un hijo) o quien encarna el verdadero y quizás único sentimiento de amor. La referencia a la familia siempre está cifrada en clave paradójica: espacio de violencia, desafecto, despreocupación y vicios, es también el origen al cual se remite con inocencia o quizás ilusión. La madre es quien debió amar, cuidar y criar y no lo hizo, pero sigue siendo la madre que puede hacerlo. Pese a todo lo problemática que pueda haber sido la relación de estos individuos con la familia, está internalizada en su discurso como parte esencial de su existencia y su proyección a futuro. Siempre es imaginado el futuro conformando una familia. La familia es la ilusión del afecto pasado y la proyección futura. Diferente en esencia, la escuela es un ámbito unívoco que nunca resultó agradable, ya sea por las exigencias que no se comprendían o que no se era capaz de cumplir, por el rechazo de los pares, que no compartían la particular manera de ser, o bien por el reto constante de los profesores e inspectores. También era menospreciada por su carácter “improductivo” (no implicaba ninguna ganancia monetaria), por lo que era una pérdida de tiempo, ante urgencias económicas precoces. Pese a esta relación inarmónica, los individuos manifiestan deseos de haber podido terminar sus procesos educativos e incluso es un deseo planteado hacia el futuro; la recuperación de estudios y la utópica realización de una carrera superior se relevan en el discurso como aquello que es socialmente aceptado como mecanismo no sólo de integración, sino de éxito. El trabajo aparece en todos los discursos como aquél mecanismo deseado para poder llevar una vida dentro de la legalidad. La aspiración es al trabajo, ya se trate de adolescentes o jóvenes, siempre lo que se busca es tener un trabajo estable que permita vivir en la sociedad sin tener que volver a involucrarse en hechos que contradicen la ley. Como vemos, la potencia de estos espacios de inclusión traspasa incluso las barreras de quienes los han vivenciado de modo accidentado e incluso han experimentado sus vidas de un modo  crítico ante lo que estos espacios les han ofrecido. Pese a ello, son los mecanismos de exculpación más poderosos, pues sólo a través de ellos es posible aparecer frente al resto de la sociedad como personas valiosas o, al menos, normal y no temida. No se puede escapar de los mecanismos de integración, ni como vivencia ni como deseo de realización. La exclusión se hace patente y manifiesta a través de la declaración de este deseo por lograr integrarse y la imposibilidad de hacerlo. Esta exclusión es señalada con fuerza y las instituciones judiciales, penitenciarias y policíacas se harán cargo de plantearse a sí mismas como el reemplazo de los espacios de integración. Lo que ha dado en llamarse seguridad ciudadana es una expresión más de cómo funcionan los dispositivos de normalización y control. Tal como lo dice su nombre, busca dar seguridad a los ciudadanos, sin embargo, opera con un supuesto implícito que es que no todos los miembros de la sociedad son efectivamente ciudadanos. Los pobres, al parecer sólo guardarían entre sus filas a algunos ciudadanos, pues los otros serían precisamente de quienes hay que protegerse. Derechos negados y deberes impuestos se conjugan para completar la descripción de estos individuos cuyo destino está en la intermitencia carcelaria.
4. Desafiliación-reclusión-inclusión
La desafiliación de los individuos respecto de la sociedad es un fenómeno descrito por Castel
(1997), quien propone el concepto para referirse a la ruptura de pertenencia y de vínculo social. Están aquí consideradas las poblaciones con insuficiencia en recursos materiales y también aquellas fragilizadas por la inestabilidad de la trama social. La precariedad e inestabilidad de los vínculos del mundo del trabajo formal producen contingentes poblacionales “innecesarios”, que no son absorbidos por los mecanismos de integración social. Cabe trasladar este fenómeno a la experiencia de los jóvenes marginales que radicalizan dicha situación a través del delito, para reflexionar acerca de cómo las instituciones de la sociedad lo abordan. La observación de los procesos de socialización descritos permite inferir que la sociedad incluye a todos los individuos, pero no los integra. Es decir, mantiene una franja de la población fuera de los mecanismos de integración tradicionales y los incluye sólo a través de un aparato de control y penalización. Este segmento de individuos está compuesto prioritariamente por pobres. ¿Evitar la delincuencia, impedir su crecimiento? La sociedad requiere procesos globales de transformación para que ello ocurra, los que se pueden resumir en un nuevo “pacto social” orientado a una mayor equidad y a la generación de sentidos colectivos que aglutinen a las personas; en un modelo de sociedad que tienda a la integración y no a la exclusión. Sin embargo, y sin obviar aquél desafío más global, se puede observar que una revisión de los espacios de socialización esenciales arroja que todos presentan tendencias expulsoras de las clases populares. Ejemplos prístinos son la escuela y el trabajo, que representan ámbitos definidos por la selección y la expulsión de quienes no cumplen con los requisitos para su permanencia. Las clases populares son objetivo primordial de la expulsión. Las políticas sociales destinadas a la integración de los pobres constituyen un eje de intervención que combate dichas tendencias expulsoras, sin embargo, sus efectos no siempre son los esperados. Esto implica una serie de desafíos para la prevención de la delincuencia, en tanto se debe lograr la integración de los individuos antes de llegar a los dispositivos de control y penalización.
Políticas sociales y tendencias expulsoras
Uno de los fenómenos que acompaña en la actualidad a estos procesos, es la consistente retirada del Estado respecto de de los espacios de integración social en general y su concentración en la administración de dispositivos orientados a las clases populares. Si antes el Estado tenía una injerencia preponderante en la educación del conjunto de los miembros de la sociedad, con la segmentación del sistema educativo en tres (establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados) su acción pasó a concentrarse esencialmente en las capas pobres de la población a través de los primeros. Políticas sociales destinadas a mejorar la cobertura del sistema educativo lograron que hasta los segmentos más pobres estuvieran cubiertos por la oferta de educación básica y actualmente se busque lo mismo respecto de la educación media, sin embargo, aún persisten importantes tasas de repitencia y deserción escolar. El Programa Liceo para Todos (LPT) del MINEDUC constituye una estrategia para conjugar educación de calidad con inclusión, al plantear líneas de acción destinadas a reducir la repitencia y la deserción escolar, sin que ello signifique un achatamiento de la exigencia académica. En el primer objetivo se ha avanzado positivamente, pero en el segundo los desafíos son mayores y más complejos, sobretodo conociendo el carácter segmentado del sistema educativo. Esta segmentación-segregación, opera en tres niveles. En primer lugar respecto de la dependencia administrativa, que no refleja más que la estratificación de la sociedad. Las clases media-baja y baja se concentran en las escuelas y liceos municipales, mientras que la clase media en los particulares subvencionados y la clase alta en los particulares pagados. Luego existe una nueva segregación al interior de los mismos liceos municipales, conformándose un continuo de establecimientos que va desde aquellos que representan la excelencia académica hasta los que se configuran en verdaderos resumideros, que acogen a quienes han sido expulsados desde los demás liceos. Finalmente, al interior mismo de cada unidad educativa, la segregación de los individuos responde a los criterios de rendimiento y conducta, en cursos diferentes en algunos casos, o en grupos claramente diferenciados al interior de un mismo curso. Derivada de este mismo fenómeno, quienes provienen de establecimientos municipales se insertan al mercado laboral con clara desventaja ante quienes estudiaron en establecimientos con otra dependencia administrativa. Su inserción en empleos precarios no se ve compensada por una intervención estatal que asegure condiciones razonables de empleo, tanto en remuneraciones, como en seguridad social y desarrollo laboral, sino más bien por acciones paliativas en situaciones de alto desempleo, como son los programas de empleo de emergencia. Estrategias como el programa ChileCalifica y algunas líneas de acción del SENCE, contribuyen a aumentar la empleabilidad de los individuos – a través de la capacitación - y a la inserción laboral mediante la vinculación con entidades productivas que son “premiadas” por contratarlos. Sin embargo, a estas acciones se opone una estructura de oportunidades fuertemente castigadora de las clases populares y signadas por la desigualdad. Los altos niveles de precariedad laboral  informalidad reportan a los trabajadores de estos segmentos ingresos insuficientes para una mejor integración social. En el caso de la familia, están operando procesos complementarios y de largo alcance. En los segmentos pobres y extremadamente pobres de la población, el Estado ha tomado un rol activo en términos de sus políticas, expresado en el Programa Puente y el Sistema Chile Solidario, que considera a la familia como unidad de intervención, la cual recibe apoyo material y psicosocial. El objetivo es la superación de su situación de pobreza a través del fortalecimiento de la unidad familiar. Por otra parte, para las familias en las cuales se identifican problemáticas graves referidas a los niños y adolescentes, ha tomado cuerpo un enfoque que privilegia la responsabilización de las mismas familias ante la situación que afecta a aquéllos, revirtiendo la tradición “institucionalizadora” que privilegiaba sacar a los adolescentes de su núcleo familiar e insertarlos en hogares o entidades tutelares, de los cuales se hacía cargo el Estado. Este giro, bien mirado por todos los actores involucrados, guarda también algunos riesgos de fondo, transfigurando causas sociales a las que les corresponde una responsabilidad pública (estatal) en causas familiares o incluso individuales. Es la familia la que debe asumir ahora por completo la responsabilidad de los problemas que afectan a sus miembros, pese a que la emergencia de muchos de éstos se vea afectada por factores estructurales (pobreza, falta de oportunidades, segregación social, etc.) sobre los cuales no tiene mayor control. Finalmente, en el caso de aquellos que, siendo pobres, se involucran en actos ilícitos, pasan a la administración judicial y penitenciaria. Sistema penitenciario que se ha especializado en la atención a miembros de las clases populares, sobre cuya realidad se ha construido una imagen mediática que no sólo los separa del resto de la sociedad en términos sociales, sino que en términos ontológicos, pues configura una representación del pobre-delincuente como un ser que se aleja de lo humano, por lo que debe ser condenado. Aún cuando no abundan estudios sobre la representación de la ciudadanía respecto de “otro tipo de delincuentes”, por ejemplo, aquellos que cometen delitos de cuello blanco, cabe pensar que no aparecen en el imaginario colectivo de manera tan degradada.
5. El miedo a los pobres y el tratamiento político-social de la pobreza
Al observar la sociedad chilena, no es difícil percibir una sensación de temor por parte de los
grupos medios y altos respecto a las clases populares, simbolizadas por los medios de
comunicación y el discurso cotidiano en una suerte de entidad que encarna el peligro
omnipresente. Pareciera que la conciencia colectiva está poblada por un “miedo a los pobres”.
Expresión de este fenómeno es que según la Encuesta Tolerancia y Discriminación 2003, el 44% de los habitantes de Santiago experimenta temor ante los pobres  En lo concreto, esto se traduce en que los segmentos más desposeídos de la población son puestos bajo una categoría de temor y rechazo que no sólo resulta en desconfianza, sino que en deseo de invisibilización y/o desaparición. Sin embargo, este miedo no es un fenómeno nuevo, incluso hay quienes plantean que, en el caso de la ciudad de Santiago, su misma configuración urbana e historia son expresión del “miedo  También Mario Garcés (2003) alude a este proceso planteando que el surgimiento de los primeros cuerpos de policía en la ciudad dice relación directa con el miedo a los pobres: Este miedo a los pobres tiene implicancias en una serie de aspectos de la vida social, desde la configuración territorial de la ciudad, tendiente a la segregación radical de los barrios pobres respecto de los barrios medios y altos, hasta la interacción personal y cotidiana interclases, teñida de desconfianza-caridad. La misma segregación espacial de las clases populares ha contribuido a acentuar fenómenos vinculados con su condición de pobreza, tales como el retraso escolar, la inactividad juvenil, el embarazo adolescente (Sabatini et al, 2001). De la  mano de este miedo a los pobres fueron surgiendo mecanismos de tratamiento de la pobreza, primero a cargo de instituciones religiosas y más tarde del aparato estatal. Dos ejes de acción componen el tratamiento de la pobreza en el siglo XX: las políticas sociales y las políticas de control social (policiales y penitenciarias). Podría decirse que los “pobres buenos” son abordados a través de los espacios de trabajo no calificado, junto con las políticas sociales, que los incluyen simbólicamente al ideario de nación y completan materialmente aquello que la venta de su fuerza de trabajo no alcanza a brindarles. Por su parte, los “pobres malos” son abordados a través del encierro y el control. Actualmente – pero antiguamente también, dentro de sus posibilidades - los segmentos de la sociedad no-pobres, especialmente a través de los medios de comunicación, instalan un proceso de estigmatización que deriva en la identificación pobre = delincuente. Esta estigmatización funciona también por parte de los agentes de control social (policías, jueces), para quienes el lenguaje, la forma de expresarse y de vestirse de los individuos suelen ser indicadores de posible desviación conductual No es casual que quienes habitan en los centros penales del país sean predominantemente pobres, aún cuando no se pueda afirmar con certeza que las demás clases sociales no las equiparen en delitos (por ejemplo, delitos económicos). Así, las comunas con mayores tasas de origen penal resultan ser comunas con altos porcentajes de pobreza, con un promedio de 25,7%4. En el siguiente cuadro se aprecian las 10 comunas con mayores tasas penales.  La tasa de origen penal se refiere a la cantidad de reos por cada 100.000 habitantes, calculada en base al domicilio declarado por los detenidos a su ingreso a las unidades penales (GENCHI, 2004). Asimismo, las comunas que concentran el mayor número de reos tienen altos niveles de pobreza también (promedio: 19,7%). El siguiente cuadro muestra a las 10 comunas con mayor número de reos promedio pobreza: 19,7%. Ciertamente, la inmensa mayoría de los pobres no está cerca de convertirse en un delincuente, de hecho, precisamente los jóvenes de nivel socioeconómico bajo están dentro de quienes sienten más temor ante la delincuencia (ISUC, 2003). Pese a ello, una serie de procesos y tendencias expulsoras afectan la situación de quienes viven en condición de pobreza, de tal modo que se dificulta su superación y una mayor integración social. La radicalización de las fuerzas de exclusión puede observarse en aquellos jóvenes marginales que llegan a cometer delitos y a ser detenidos por los aparatos de control; sobre ellos ocurre el despliegue de una estrategia de “inclusión” que se cierne como condena sobre los excluidos.
6. A modo de conclusión
Hemos visto como los procesos de integración social se ven afectados por el conjunto de
elementos que cabe agrupar dentro del término exclusión. Hemos recorrido las etapas en las
cuales la integración ha fracasado y ha sido reemplazada por el control. ¿Qué viene después? La última estación de este recorrido es la confinación, la condena. No sólo se trata de una condena  Las comunas de la I y II región presentan elevadas tasas penales y un alto número absoluto de reclusos, principalmente por la fuerte presencia de infractores a la Ley de Drogas, que desequilibran las cifras respecto del resto de las comunas del país, caracterizadas por mayores tasas de delitos no ligados al tráfico de sustancias ilícitas. Judicial, de “cumplir una condena”; se trata de una condena social compleja y exhaustiva, que opera en diversos espacios y bajo diferentes mecanismos. Va más allá de la reclusión, pues en el medio libre la condena persiste, es un dictamen perpetuo, tal como no tuvo su origen en un acto específico o en una vivencia particular, tampoco tendrá fin en un hecho determinado. Tal como su origen no se explica del todo en los sujetos mismos, su fin tampoco depende totalmente de ellos. Su confinación es el resultado de un juego de interacciones sociales enmarcadas en estructuras que se confunden entre la invisibilidad y la evidencia más prístina. No se trata de una mera determinación por las estructuras, pues los sujetos, ya sean excluidos, marginales o delincuentes, actúan y dan sentido a sus acciones, configuran su camino y sus proyectos, sólo que dicha configuración es posible en un campo más limitado y estrecho que el del resto. El desafío para prevenir la delincuencia es no sólo ampliar ese horizonte de expectativas y oportunidades, generando mecanismos de integración más equitativos, sino también sentando las bases para la conformación de marcos valóricos que no incluyan al delito como opción. Esto último sin lo primero no es posible, es decir, mientras los mecanismos de integración formales (estudios y trabajo) fracasen, la alternativa de lograr esa integración (ingresos-consumo, reconocimiento-pertenencia) mediante lo ilícito, es más probable. Si algo es nítido, es que la prevención debe operar en todos los niveles anteriores al uso de la represión y la condena. El encarcelamiento siempre debe ser pensado como última ratio, pues consiste en un castigo y en una reafirmación de la identidad delictual, que no sólo no solucionará el problema, sino que además lo administrará con eventuales consecuencias perversas. Podría decirse que quienes son delincuentes no tienen por objetivo atacar a la sociedad, sino que integrarse a ella. Los grandes valores del consumo, el éxito económico, el prestigio, lo inmediato y lo fácil, están tan presentes en ellos como en cualquier individuo. Su estilo de vida los contempla, sólo que sus estrategias para lograrlos difieren de las vías formales y afectan dañinamente a quienes buscan integrarse por las vías legales. Parece ser que lo importante es ser parte, ya sea legal o ilegalmente. En un segmento de los reclusos, que bien puede ser minoritario, ya ni siquiera existe una intención de querer cambiar las cosas, ya han vivido lo que han vivido y mientras vivan no podrán desprenderse de aquello. La posibilidad de volver a la cárcel está tan presente como la de disfrutar de los dividendos de su último delito. No se lucha contra, sino que se vive con. Así como se vive con la exclusión, cuando se intenta esquivarla a través de acciones delictivas, se aprende a vivir con la reclusión como parte de la vida. Así como se fue a la escuela y al trabajo, espacios disciplinarios, pero en definitiva libres de dejar, se llegó a la cárcel, lugar que no admite el abandono. Se está en un lugar, se ocupa una posición dentro del sistema, pese a todo, se es parte de algo. Todo individuo ocupa un lugar en la sociedad y en el sistema productivo. Ya sea por la acción de los espacios de normalización o por la de los mecanismos de control, su cuerpo y su tiempo están normados. Hemos apreciado cómo operan los distintos espacios y cómo los últimos se concentran en un segmento de individuos que comparte unas características comunes, todas ellas asociadas a la pobreza y a la marginalidad. Sin ser pesimistas, se puede afirmar que sin transformaciones en las relaciones sociales de producción y en la estructura legal de la sociedad, tendientes a una mayor equidad y a una menor exclusión social, el fenómeno de la delincuencia seguirá presente en una curva creciente. Las cárceles son reflejo de las sociedades que las levantan, y quienes las habitan pagan el precio de la desigual distribución de todo lo que en ellas existe. Los individuos son destinados a la condena, a la invisibilidad, al encierro, al castigo, pues han contravenido el acto sacrificial cometido sobre los pobres y excluidos. Algunos que se ubican en la misma categoría social se desempeñarán en la base de la pirámide, produciendo y quedando al margen del consumo, salvo en lo que respecta a lo mínimo y vital, pero “libres”. También tienen la opción de creer en la meritocracia y transpirar en los espacios formales para cambiar de condición, y así alejarse de aquellos entre los que se nació, sin embargo, esta oportunidad es limitada e implica un esfuerzo superior. Pero están aquellos a los que la vida les ha hecho rehuir ese destino, y se han involucrado en un sistema de acciones y conductas específico, al margen, a un lado. Estos individuos son miembros de una sociedad que los incluye, pero no los integra. Deambulan por las calles y viven cual persona “normal”, como quien realiza un trabajo, pero para ellos su trabajo es el delito. Para quienes suelen fallar, entran y salen de los juzgados y las unidades penales o bien permanecen largos períodos bajo encierro. En cualquier caso, la libertad siempre tiene un espacio en sus mentes y en sus prácticas cotidianas. Es aquello que muy de vez en cuando se siente y que la mayoría de las veces sólo se anhela.

1 comentario:

  1. muy buen informe super agradecido por compartirlo saludos desde Venezuela

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